Pocas cosas son tan claras en la administración pública como el hecho de que el cuidado de la salud de la población debe ser una prioridad para los gobiernos. La prevención y la atención médica difícilmente pueden darse por decreto, un pueblo es saludable no porque lo dicte el presidente, sino por el trabajo de los médicos del sector. Y el trabajo de los médicos es a su vez dependiente de las condiciones laborales que el Estado les provee.
No se entiende entonces la negligencia que por años ha sufrido el sector salud en su aspecto laboral. Y son tres los síntomas de esta enfermedad: la falta de insumos y medicamentos; las largas jornadas de los residentes e internos y las cuotas de citas y cirugías para médicos generales y especialistas; y más importante, el salario que reciben los médicos.
Seguramente la primera podría solucionarse con más presupuesto, y la segunda podría pasar por alto para muchos médicos con vocación que trabajan sin problema. Pero el tema de los salarios es especialmente relevante, pues no reditúan ni en un poco el trabajo por el que se gana.
Actualmente los sueldos de los médicos dedicados al sector público en nuestro país oscilan alrededor de los $25,000 para un médico especialista y de $20,000 para un médico general, entre $9,000 y $14,000 para un médico residente (cuando se les paga) y menos de $1,500 para los internos. Todo esto, por supuesto, menos el respectivo cobro de impuestos.
Para dimensionar el problema basta hacer dos contrastes:
1) En Cuba, que cuenta con uno de los sistemas de salud más reconocidos del mundo, si bien su sueldo equivale a entre 60 y 80 dólares mensuales, en comparación con el salario promedio de la isla, el ingreso de un doctor es fácilmente el doble.
2) En México dedicarse al comercio informal da un ingreso mensual de alrededor de 15 mil pesos –netos, pues no pagan impuestos-, lo que supera de entrada el salario recibido por un médico residente.
Sabiendo esto, es hora de cuestionar la política de salud gubernamental. ¿Qué es más urgente: una nueva versión del Seguro Popular, incrementar el catálogo de servicios o atender las necesidades básicas de los trabajadores del sector?
