Desde su campaña afirmaba que era suficiente su investidura como presidente constitucional del estado mexicano para que terminaran los tiempos oscuros de la política clientelista que favorecía el interés privado antes que el público, ya que él era una persona honesta y por ello, sus allegados y todos los funcionarios, actuarían bajo su ejemplo.
En días pasados, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, A.C. destacó que de 28 mil 458 contratos celebrados durante los primeros 116 días del nuevo gobierno, el 74.3% fueron adjudicados de manera directa, lo que representa un importante riesgo de corrupción y, sobre todo, va en contra de lo establecido en el artículo 134 de nuestra Constitución Política, el cual privilegia la licitación pública como procedimiento para la adquisición de bienes, contratación de servicios y de obra pública, con la finalidad de transparentar los procedimientos de compras y garantizar las mejores condiciones para el Estado.
Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que los servidores públicos de todo el país deben atender, en el desempeño de su empleo, los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, eficacia y eficiencia, entre otros, que rigen el servicio público.
Que el presidente de nuestro país sea honesto, no es suficiente. Basta con ver lo ocurrido en el proceso de designación de las personas que integrarían la Comisión Reguladora de Energía, de las cuales ninguna fue aprobada por el Senado de la República, por su falta de capacidad técnica. La honestidad es indispensable pero la legalidad en el servicio público es fundamental para dar certeza a las acciones del gobierno y abonar así a que México sea un mejor país.
